¿Qué le falta a tu empresa para cumplir?
Responde lo que sabes hoy. En unos 5 minutos tendrás la lista de lo que hay que adaptar, crear y ordenar. No necesitas una cuenta. Antes del resultado pediremos tu nombre y un correo o teléfono para que el estudio pueda acompañarte.
Protección continua con un DPD externo
El estudio puede acompañar a su empresa con un delegado de protección de datos (DPD) externo: un profesional que orienta, supervisa y coordina el trabajo con su equipo, con un alcance y una dedicación acordados.
Ventajas de Protección continua
Un profesional de referencia
Sepa a quién acudir ante una consulta, una solicitud sobre datos personales o un incidente de seguridad.
Seguimiento de lo pendiente
Revise prioridades y próximos pasos cuando cambien los trabajadores, proveedores o procesos de su empresa.
Coordinación jurídica y técnica
Conecte las políticas y contratos con las medidas que debe ejecutar su equipo o proveedor informático.
Evidencia ordenada y revisable
Use PrivacyLedger para reunir documentos, responsables, fechas y observaciones del profesional en un mismo espacio.
La contratación y la designación se acuerdan con el estudio, incluidos los tiempos de atención. La empresa conserva sus obligaciones y aporta los recursos necesarios; el DPD debe actuar con autonomía y sin conflictos de interés. Este diagnóstico no activa el servicio ni certifica cumplimiento.
Te preguntaremos por el RIOHS o reglamento, contratos de trabajo, Ley Karin, proveedores y otros documentos, según corresponda. Marca Sí solo si revisaron su contenido y está actualizado para el uso actual de los datos; tener una copia antigua no basta. Si todavía no los actualizaron, marca No; si no lo sabes, marca No sé.
Orientación inicial basada en tus respuestas: no es asesoría legal ni certifica cumplimiento. Las respuestas quedan en esta pestaña mientras completas el formulario. Al solicitar el resultado, se envían con tu contacto al estudio. Referencias a la Ley 19.628 modificada por la Ley 21.719, revisadas el 8 de octubre de 2026; su vigencia general está prevista para el 1 de diciembre de 2026.